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Boletín de noticias 7 de marzo de 2012
EL TIEMPO
HAY 174 MUNICIPIOS QUE NO RECIBIRÁN RECURSOS DE LAS REGALÍAS
Las regalías directas benefician a zonas que explotan recursos como hidrocarburos, carbón o níquel.
Municipios que no recibirán un peso por regalías no están de acuerdo con las fórmulas de medición.
La 'mermelada' que el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, prometió esparcir sobre toda la "tostada nacional" (refiriéndose a la redistribución de las regalías en las entidades territoriales) quedó sin siquiera untársela a 174 municipios.
Y, según las fórmulas que estableció el 'revolcón' del sistema de regalías que entró a regir este año, a estas localidades -entre las cuales se encuentra Bogotá- se les suman otras 45 que percibirán menos de 100.000 pesos en todo el 2012.
Uno de los casos singulares es el de La Estrella, municipio antioqueño que tan solo obtendrá 298 pesos en todo el año. En contraste, 16 municipios recibirán, cada uno, más de 14.500 millones por regalías directas.
El Gobierno calculó que, por regalías, el país recibirá 8,2 billones de pesos en el 2012, de los cuales 5,5 billones están destinados para gasto, 2,3 billones a ahorro, y 372.000 millones, a fiscalización, operación y cumplimiento de los recaudos.
Juan Mauricio Ramírez, subdirector de Planeación Nacional, aclaró que hay dos tipos de regalías: directas (2,7 billones de pesos) e indirectas (1,3 billones).
Las primeras benefician directamente a las regiones donde se explotan recursos naturales no renovables (como hidrocarburos, carbón o níquel) y las segundas se distribuyen a través del Fondo Nacional de Regalías y se accede a ellas mediante iniciativas regionales de inversión, definidas como prioritarias.
Los otros 1,5 billones de pesos (de los 5,5 billones destinados a gasto) se reparten entre los fondos de Ciencia, Tecnología e Innovación y de Desarrollo Regional.
Ramírez agregó que las regalías indirectas se distribuyen entre los municipios que tienen un índice superior al 35 por ciento en la Encuesta de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y que no son productores.
Pero a esos municipios se les giran los recursos dependiendo del proyecto que presenten, el cual debe tramitarse ante los Triángulos de Buen Gobierno, que son los órganos colegiados de administración y decisión. Estos están conformados por un delegado del Gobierno, el gobernador y un representante de los alcaldes del departamento.
'No es suficiente'
Los municipios que no recibirán un peso por regalías, o que percibirán menos de 100.000 pesos, no están de acuerdo con las fórmulas de medición del Gobierno.
Gilberto Toro, director de la Federación de Municipios, advirtió que "se generó una gran expectativa y las comunidades están pensando que van a recibir millonadas y que van a solucionar casi todos sus problemas, pero eso no va a ser cierto".
Agregó que se presentan casos como los de Puerto Colombia (Atlántico) y Villa de Leyva (Boyacá), que no recibirán un solo peso, y otros en los que "accederán a recursos paupérrimos", como Sopetrán (Antioquia) y Neira (Caldas), que percibirán 421 y 564 pesos, respectivamente, por regalías directas en el 2012.
Jaime Grajales, alcalde de Belén de Umbría (Risaralda), que solo recibirá 15.733 pesos por regalías directas, se quejó por el monto "ridículo" y dijo que "vale más tramitarlo". A pesar de las críticas, el presidente Juan Manuel Santos defendió su reforma, de la que ha dicho es de la "mayor trascendencia para el futuro del país".
Proyectos deben ser reformulados
El Gobierno comenzó a revisar los 380 proyectos que se iban a financiar con regalías en el 2012, pero varios de ellos fueron considerados como "no prioritarios", por lo que, según Germán Chica, director de la Federación de Departamentos, los primeros proyectos aprobados estarán listos a mitad de año para comenzar a ser ejecutados.
Entrevista
'La palabra clave es asociatividad'
Juan Mauricio Ramírez, subdirector de Planeación.
¿Por qué hay municipios que no tendrán regalías?
Porque no son productores y porque no tienen un Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) superior al 35 por ciento, pero pueden asociarse para presentar proyectos que sean de carácter regional y pedir la asignación de recursos.
¿Solo pueden acceder a los recursos a través de la asociación entre municipios?
Aquellos que no tienen acceso al fondo de compensación, porque no están dentro de la lista de los municipios más pobres, deben asociarse a otros para poder presentar proyectos de carácter regional, porque ahí la palabra clave es asociatividad.
¿Municipios con NBI y cupo en el fondo de compensación pueden gastar de una vez?
La llave mágica para tener acceso a los recursos de las regalías es la presentación de proyectos. En cualquier caso se tienen que formular para que sean aprobados por el triángulo de decisión y se autoricen los giros.
¿En qué se diferencia el nuevo sistema de regalías del viejo?
En el régimen anterior, solo recibían regalías directas los municipios productores, pero ahora hay un fondo de compensación para todos los departamentos y regiones.
INVESTIGARÁN A 209 MAGISTRADOS POR EL 'CARRUSEL' DE PENSIONES
La Comisión de Acusación indagará la responsabilidad de los juristas.
El escándalo de las pensiones de los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura se extendió a las demás altas cortes.
La revelación la hizo este martes el presidente de la Comisión de Acusación, Germán Blanco, quien afirmó que a la célula congresional "han llegado cuatro denuncias que involucran a la mayoría de los magistrados titulares y auxiliares de las altas cortes La idea, según Blanco, era que "los magistrados titulares nombraban a los auxiliares y a los titulares se le designaba a pocos meses de jubilarse".
De acuerdo con el listado conocido por ELTIEMPO.COM, entre los denunciados están, además de Gustavo Gómez, presidente del Consejo de Estado, los magistrados de la Corte Constitucional.
Igualmente, los expresidentes de la Corte Suprema Jaime Arrubla y Camilo Tarquino y la exmagistrada de la Corte Constitucional Cristina Pardo Schlesinger, actual secretaria Jurídica de la Presidencia.
Las cuatro denuncias (tres firmadas y una anónima) serán repartidas la próxima semana para determinar quiénes serán los representantes investigadores en estos procesos.
Las denuncias son contra 88 magistrados y exmagistrados del Consejo de Estado, 85 de la Corte Suprema y 36 de la Corte Constitucional.
Aunque el tema del carrusel de las pensiones fue denunciado por los medios hace más de un año, a raíz de varios nombramientos cuestionados en la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, la Comisión de Acusación se interesó por el tema solo cuando la Contraloría abrió proceso fiscal contra varios magistrados y exmagistrados de esa corporación.
De hecho, fue uno de los propios magistrados investigados, Henry Villarraga, quien señaló que la Contraloría supuestamente no tenía facultades para investigar fiscalmente a los magistrados y por eso pidió que el caso pasara a la Comisión de Acusación.
Hoy, existe un conflicto de competencias que, por petición del Gobierno, será decidido por el Consejo de Estado.
SIGUE CHOQUE ENTRE PROCURADOR Y CORTE CONSTITUCIONAL POR EL ABORTO
Alejandro Ordóñez asegura que lo están limitando en su función de intervenir en procesos judiciales.
Seis años después de que la Corte Constitucional despenalizó el aborto en tres casos específicos (violación, malformación del feto y peligro de muerte de la madre), el tema sigue enfrentando al procurador, Alejandro Ordóñez, y a los magistrados de la Corte Constitucional.
Ordóñez respondió este martes a las advertencias que le hizo el alto tribunal en un fallo de nulidad de una tutela y dijo que la Corte lo está limitando en su función de intervenir en los procesos judiciales. (Vea más noticias sobre abortos en Colombia)
"La Corte Constitucional pretende limitar las competencias del Procurador General de la Nación, y desconocer lo dispuesto en la Carta Política, que expresamente dispone que el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo podrán requerir de las autoridades las informaciones necesarias para el ejercicio de su intervención", manifestó Ordóñez.
El Procurador le había pedido a la Corte anular la sentencia de una tutela sobre el caso de una mujer a la que le negaron interrumpir un embarazo en Villavicencio hace tres años.
La decisión, alegó, ampliaba las causales que despenalizan el aborto y limitaba a profesionales de la salud y funcionarios judiciales el acceso al derecho de objeción de conciencia.
La Corte le advirtió que no puede pedir que se investigue a las mujeres que acuden a la tutela para hacer valer sus derechos.
Ordóñez señaló que "continuará ejerciendo sus función preventiva, de intervención y disciplinaria buscando el interés general y la garantía de los derechos fundamentales de todos los seres humanos".
CONSEJO DE ESTADO NO SE PRONUNCIARÁ SOBRE PERIODO DE FISCAL GENERAL
El alto tribunal consideró que es la Corte Suprema la que debe definir el tema.
Magistrados definieron en Sala Plena los términos de la providencia que contiene el fallo que anula elección de Viviane morales como Fiscal General (lea también: 'No hay interinidad', dice fiscal general (e), Martha Lucía Zamora).
En la discusión final, los magistrados acordaron no referirse al tema del periodo del fiscal General. La Sala consideró que es el organismo nominador, en este caso la Corte Suprema, la que debe definir el tema (lea también: Enviaré terna cuando esté claro el periodo del nuevo Fiscal: Santos).
"No había lugar para analizar ese punto (el periodo del Fiscal), pues el cargo por el que fue decretada la nulidad fue por violación a las normas que regulan las mayorías en el acto de elección de ese funcionario", dijo el presidente del alto tribunal, el magistrado Gustavo Gómez.
En la sesión, que duró nueve horas, se decretó de manera oficial la nulidad de la elección y también se desecharon los otros tres cargos que contenía la demanda, dijo el magistrado Gómez.
En una semana, luego que los nueve magistrados que apartaron de la mayoría presenten sus salvamentos de voto, el fallo será notificado a las partes y el texto será público.
El presidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez, dijo que el presidente Juan Manuel Santos ya está en total disposición de enviar la terna en el momento que considere conveniente.
'NO HAY INTERINIDAD', DICE FISCAL GENERAL (E), MARTHA LUCÍA ZAMORA
En diálogo con EL TIEMPO, dijo que no es cuota de nadie ni representa a ningún sector en el cargo.
La recién posesionada Fiscal le dijo a este diario que a pesar de los cambios en el ente acusador, este no ha parado y que los casos no se han visto afectados. "La ciudadanía puede estar tranquila de que todos los casos siguen sin tropiezo, prueba de ello son las últimas decisiones", dijo Zamora
Agregó que tiene "un sentimiento legítimo de ser incluida" en la terna para Fiscal General que debe entregar el presidente Juan Manuel Santos.
Este martes, en la posesión, el presidente Santos dijo que aguardará el pronunciamiento del Consejo de Estado sobre el periodo del nuevo Fiscal.
"Le agradezco a la Corte Suprema la rapidez con la cual nos solicitó la terna, después de haberle aceptado la renuncia a la doctora Viviane (Morales). Estamos simplemente esperando la señal sobre el periodo. Está en duda si es año y medio, si son cuatro años", dijo el mandatario.
Zamora llamó ayer al excomisionado de Paz Luis Carlos Restrepo para que regrese al país y enfrente la justicia. "Hay que acatar las decisiones judiciales, ese un principio de respeto, un principio democrático. En un país civilizado ese orden debe darse siempre", dijo.
UNO DE CADA 10 MUNICIPIOS DEL PAÍS NO TIENE JUEZ
Así lo destacó el Ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra.
Al hacer el anuncio, el ministro aseguró que el proyecto de Reforma a la Justicia pretende subsanar falencias como que en Colombia haya 2 millones y medio de procesos pendientes de ser resueltos, y que la duración aproximada de un proceso judicial sea de cerca de diez años.
"Esa es una verdad de a puño. En el 10 por ciento de los municipios colombianos no se da la más elemental de las expresiones de un Estado, que es aquel sitio donde hay por lo menos tres autoridades: un alcalde, un policía y un juez. Algo hay que hacer sobre ese particular y este Proyecto pretende hacerlo", aseveró el Ministro Esguerra desde la Universidad Javeriana de Cali, donde participó del Foro Reforma Constitucional a la Justicia.
El Ministro aseguró que la reforma del artículo 116 de la Constitución no busca "en absoluto" privatizar la justicia: "no se pretende en ningún momento la privatización de la justicia ni la eliminación del postulado fundamental de la separación de poderes, a nadie se le ha ocurrido tamaña bobería", enfatizó.
Según Esguerra, lo que se pretende es la descongestión de los despachos judiciales, agilizar la administración de justicia y permitir que haya más sujetos con la potestad de ejercer funciones jurisdiccionales (funcionarios administrativos de los despachos judiciales, Centros de Arbitraje y Conciliación, Notarios, abogados en ejercicio).
PROCURADOR DICE QUE CORTE CONSTITUCIONAL LIMITA SUS FACULTADES
Se pronunció sobre la decisión del alto tribunal sobre un caso de aborto.
El procurador Alejandro Ordóñez dijo que reconoce y acata la decisión adoptada por la Sala Plena de la Corte Constitucional adelantará las gestiones necesarias para asegurar su cumplimiento.
Sin embargo, el jefe del Ministerio Público advirtió que la Corte Constitucional pretende con su decisión limitar las competencias del procurador y desconoce que la Carta Política lo faculta para requerir de las autoridades las informaciones necesarias para el ejercicio de sus funciones, "sin que pueda oponérseles reserva alguna".
La Corte rechazó que el Juez Segundo Penal del Circuito de Villavicencio y los funcionarios de ese mismo despacho judicial, hubieran permitido al Ministerio Público conociera el expediente de tutela de la decisión cuya nulidad se solicitó, así como que una profesional de la salud del Hospital Departamental de Villavicencio hubiese precisado que ella en ningún momento certificó que la vida o la salud de la mujer involucrada en el caso estuviesen en riesgo.
La Corte, dijo el Procurador, ordenó que los funcionarios y la profesional de la salud fueran investigados por el Consejo Superior de la Judicatura y por el Tribunal Nacional de Ética Médica, respectivamente.
Con igual preocupación, el Procurador advierte que en esta decisión la Corte también envió copias a la Fiscalía con el propósito de intervenir en la investigación penal que actualmente se adelanta contra la mujer actora, quien sin cumplir con ninguna de las causales establecidas en la Sentencia C-355 de 2006 (como lo confirmó el Hospital Departamental de Villavicencio y en su momento lo verificó el Ministerio Público), y sin que se le hubiese concedido la acción de tutela, se practicó un aborto en un establecimiento clandestino.
En ejercicio de sus competencias constitucionales, la Procuraduría intervendrá en los procesos disciplinarios y ético disciplinarios que se adelanten contra los funcionarios judiciales y la profesional de la salud correspondientes, cuyo derecho al debido proceso se ha visto gravemente afectado, en defensa de éste y de todos sus derechos fundamentales, así como del ordenamiento jurídico.
En idéntica forma, el Ministerio Público continuará ejerciendo sus funciones preventiva, de intervención y disciplinaria, en búsqueda del interés general, los intereses colectivos y la garantía de los derechos fundamentales de todos los seres humanos.
REALIDAD DE LA JUSTICIA
Por: Alfonso Gómez Méndez
Si de aplicar justicia a los privilegiados se trata, ¿qué otro país de América Latina podría mostrar los resultados que enseñan la Corte Suprema de Justicia y la propia Fiscalía?
Además, el Consejo de Estado, ha decretado la pérdida de investidura a más de 50 parlamentarios.
Próxima ya la segunda vuelta de la reforma constitucional de la justicia, conviene reflexionar sobre sus reales fundamentos, necesidad, urgencia y conveniencia.
Muchas veces cambiamos normas de toda jerarquía sin un análisis ponderado y serio sobre los hechos en que se basan tales modificaciones.
Así se introdujo en forma precipitada, por ejemplo, el sistema acusatorio, argumentando que bajo la legislación anterior se detenía a la gente sin mayores pruebas. Como es claro que aún gravitan dificultades sobre las requeridas prontitud y eficacia judiciales, hoy abundan las protestas por abusos en la detención, y en poco tiempo se ha triplicado la población carcelaria sin que existan sentencias definitivas.
Si en estos días un extranjero que ignore nuestra historia lee los informes de prensa, puede tener la falsa percepción de que en Colombia ha reinado la impunidad y que, como se decía en el siglo XIX, nuestra justicia es un perro que solo muerde a los de ruana. Pero la realidad es otra.
Cuando la Corte Suprema de Justicia ejerció el control constitucional, no solo puso límites a los abusos gubernamentales bajo facultades de estado de sitio, sino que les tumbó a dos gobiernos sendas reformas constitucionales. Además, nunca se dejó intimidar de la mafia y se opuso a anular el tratado de extradición, bandera insignia de los narcotraficantes.
La actual Corte Constitucional impidió la segunda reelección de Uribe, vía referendo.
La creación de la Fiscalía en 1991 significó un avance en el fortalecimiento de la justicia penal. Si hasta entonces era muy difícil que, verbigracia, un parlamentario o un ministro terminara tras las rejas, el cambio de la inmunidad por fuero permitió que por primera vez se vieran "caras nuevas" de congresistas en la cárcel.
Ante sus investigaciones contra la clase política, el primer fiscal general, Gustavo de Greiff, hizo famosa la frase "que tiemblen los corruptos".
Con esas herramientas, Alfonso Valdivieso abrió el proceso 8.000 y llevó a prisión a decenas de ex parlamentarios y dirigentes políticos hasta entonces intocables.
Mario Iguarán, Fiscal en propiedad, y Guillermo Mendoza, encargado, no solo iniciaron el proceso por las 'chuzadas' y encarcelaron al exdirector del DAS Jorge Noguera; también "se dieron la pela" por revivir las investigaciones sobre los hechos del Palacio de Justicia, llevando a prisión a militares retirados, en causas no propiamente populares.
La Sala Penal de la Corte Suprema, acosada y asediada por el gobierno anterior, logró, en histórica y valiente actitud, adelantar todos los procesos por lazos pecaminosos entre políticos y paramilitares, fenómeno llamado 'parapolítica'. Decenas de congresistas, excongresistas y dirigentes políticos destacados a nivel regional o nacional (más los que faltan) están privados de libertad, procesados e incluso condenados.
Si de aplicar justicia a los privilegiados se trata, ¿qué otro país de América Latina podría mostrar los resultados que enseñan, por lo menos en el curso de 15 años, la Corte Suprema de Justicia y la propia Fiscalía?
La lista es larga: un contralor general, un procurador general, cerca de un centenar de congresistas, excongresistas y dirigentes políticos, casi todos los últimos presidentes del Senado y algunos de la Cámara, exgobernadores, alcaldes, diputados... Además, el Consejo de Estado, vigente la Constitución de 1991, ha decretado la pérdida de investidura (muerte política) a más de 50 parlamentarios.
Esos hechos deben considerarse en cualquier reforma, para atajar el síndrome de Adán, consistente en creer que el mundo nace, crece y se desarrolla en un día.
Seguramente hay que cambiar el perverso sistema actual, que pone a magistrados y parlamentarios en el papel de recíprocos investigados e investigadores.
¡Pero mucho cuidado, eso sí, con las improvisaciones!
EL FIN DE LOS FONDOS PRIVADOS DE PENSIONES?
Por: Stefano Farné
¿Cómo podrá revertirse la tendencia desfavorable para los fondos privados de pensiones? Una medida simple y rápida consistiría en elevar la edad de jubilación.
Los fondos están reconociendo rendimientos muy bajos, hasta negativos, a sus afiliados.
A pesar de que algunos reconocidos economistas preconizan marchitar el régimen de prima media, los trabajadores están dejando el antagónico régimen de ahorro individual de los fondos privados para pasarse al Seguro Social y lo harán con mayor intensidad en un futuro próximo si las reglas en materia pensional permanecen sin cambios.
¿En qué se basa este pronóstico?
Por un lado, tenemos que los fondos están reconociendo rendimientos muy bajos, hasta negativos, a sus afiliados. Según lo informado por EL TIEMPO, hasta noviembre del 2011 el fondo de mayor riesgo habría registrado una pérdida de 3,65 por ciento, el fondo moderado, una de 0,46 por ciento, mientras que el fondo conservador habría alcanzado aumentar sus rendimientos a 3,91 por ciento.
Dado que el año pasado la inflación fue de 3,73 por ciento, lo anterior implica que en el transcurso del último año los ahorros pensionales que los colombianos han confiado a los fondos privados, o bien no han crecido, o bien han caído. Los analistas del sector sostienen que estos tipos de consideraciones deben hacerse con un horizonte de largo plazo. Sin embargo, es suficiente irse atrás unos pocos años para descubrir que también en el 2008 los fondos retribuyeron con pérdidas a sus afiliados. Así que, en un futuro deberán reconocer ganancias muy altas para compensar las pérdidas acumuladas y poder entregar unas pensiones dignas a sus clientes. ¿Será posible?
Adicionalmente, en el 2010, la Superintendencia Financiera publicó las nuevas tablas de mortalidad y expectativa de vida que se aplican para el cálculo de las mesadas pensionales.
Respecto a las viejas tablas, estas nuevas estadísticas revelan que las mujeres que se pensionan viven en promedio casi siete años más y los hombres, tres. Para los afiliados y pensionados del Seguro Social lo anterior no tiene mayores repercusiones. Dado que este régimen es también de beneficios definidos, sus mesadas no cambian; simplemente, los beneficiarios las recibirán por unos años adicionales.
Sin embargo, las nuevas tablas tienen un efecto muy importante en el régimen de ahorro individual de los fondos privados que, por el contrario, se caracteriza por ser de contribuciones definidas y beneficios inciertos. En este caso, las mesadas pensionales se contraen automáticamente y esto será particularmente dramático para las mujeres, las cuales se pensionan tres años antes que los hombres y, en promedio, disfrutan de ocho años más de beneficios.
Visto de otra forma, los rendimientos financieros decrecientes y las nuevas tablas de mortalidad de la Superintendencia han provocado un cambio sustancial en la rentabilidad relativa entre los dos regímenes pensionales, en favor de los participantes del régimen de prima media.
¿Cómo podrá revertirse esta tendencia desfavorable para los fondos privados de pensiones? Una medida simple y rápida consistiría en elevar la edad de jubilación. Inmediatamente, se produciría un efecto contrario a aquel provocado por las nuevas tablas de mortalidad de la Superintendencia: aumentaría la rentabilidad en los fondos privados y disminuiría la que implícitamente reconoce el Seguro Social. ¿Será por eso por lo que el tema de la edad de retiro está tan de moda?
El espectador
CORTE SUPREMA EMITIRÁ CONCEPTO SOBRE PERIODO DEL NUEVO FISCAL GENERAL
La Sala de Consultas del Consejo de Estado, por solicitud del presidente Santos, también emitirá su concepto sobre este tema.
En un debate jurídico se ha convertido el tema sobre el periodo que tendrá la persona que sea elegida próximamente como Fiscal General de la Nación, después de que el Consejo de Estado declarara nula la elección de Viviane Morales Hoyos en el cargo y se haya vuelto a la interinidad en el ente investigador.
Según el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Javier Zapata, en la Sala Plena que se celebrará el próximo jueves, se debatirá al fondo el hecho de que si el periodo debe ser personal o institucional, precisando que existe una gran diferencia de opiniones en el alto tribunal sobe este punto.
Y es que el debate es tan álgido y trascendental, que ya el presidente de la República, Juan Manuel Santos le envió una solicitud a la Sala de Consultas y Servicio Civil del Consejo de Estado para que emita un concepto en este tema con el fin de evitar dificultades y malentendidos en un futuro.
“El Consejo de Estado nos evitaría cualquier otro lío jurídico, pero por supuesto la Corte también dará su concepto que no se verá limitado o restringido y tiene total independencia”, precisó el magistrado Zapata en entrevista con la FM, señalando que la decisión tiene que ser tomada en el menor tiempo posible.
El presidente de la Corte Suprema explicó además que “no se tiene establecida una jurisprudencia firme” en este tipo de casos, hecho por el cual el debate es bastante desgastante y largo, pues ambas opciones tanto la del periodo institucional o personas son factibles.
“La decisión tiene que tomarse ante, puesto que la persona que vaya a ocupar ese cargo tendrá que saber el tiempo que durará en su cargo. Esto nos evitaría otro lio jurídico, y lo necesario sería que lo hiciera el Consejo de Estado”, aclaró.
MAGISTRADOS NIEGAN QUE HAYA CARRUSEL DE LAS PENSIONES DE LA JUSTICIA
Los togados señalaron que existe una campaña de desprestigio en contra de las altas cortes.
Gustavo Gómez, presidente del Consejo de Estado.
Como un “absurdo absoluto” calificó el presidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez Aranguren, los señalamientos hechos en los últimos días sobre la existencia de un carrusel de las pensiones en los altos tribunales.
Según el magistrado Gómez Aranguren, todo esto se debe a una serie de “fuerzas interesadas” en calumniar, hecho por el cual han presentado una serie de mentiras que tiene como objetivo deslegitimar las decisiones judiciales.
“Todo esto tiene que entenderse como una estrategia poco perversa de fuerzas interesadas a base de calumnias y mentiras denostar de la dignidad de los funcionarios de la rama judicial. Nosotros tenemos que entender que a veces de la democracia se abusa esa es la sociedad que nos toco vivir”, precisó el presidente del Consejo de Estado.
En su caso, desmintió los señalamientos de los que fue objeto sobre el nombramiento de una funcionaria en su despacho, quien habría salido 16 días después con una pensión muy alta. “Yo hace cuatro años no muevo la planta de personal”, precisó Gómez Aranguren manifestado que todo esto se puede comprobar muy fácil con revisar los registros.
Precisó además que ese a los rumores que han rondado los últimos días acerca de la apertura de una investigación en su contra y otros magistrados, “hasta el momento no he recibido ninguna notificación. Estos hechos no tienen ninguna relevancia con la realidad”, explicó en una rueda de prensa.
EL ESPECTADOR
ESTALLA ESCÁNDALO POR CARRUSEL DE PENSIONES EN LA JUSTICIA
El escándalo por el carrusel de pensiones en el Consejo Superior de la Judicatura escribió este martes un nuevo capítulo en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
A ese órgano, llegaron varias denuncias donde se advierte la existencia de un presunto carrusel, ahora, en todas las Altas Cortes.
La acción penal es contra casi la totalidad de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y Corte Constitucional.
En ese sentido, el presidente de la Comisión, Germán Blanco Álvarez, dijo que en específico hay una denuncia en contra del magistrado Gustavo Gómez, presidente del Consejo de Estado.
La presunta irregularidad se dio al parecer en el nombramiento de magistrados titulares y auxiliares dentro de todas las Cortes.
Dentro del proceso en contra del Consejo Superior de la Judicatura, la comisión llamó a la contralora Sandra Morelli a que dé detalles del presunto detrimento patrimonial por el carrusel.
La idea de los legisladores investigadores, cuya coordinación está en manos del representante Manuel Carebilla Cuellar, es saber detalles de la aseveración de la contralora.
SANTOS YA PUEDE PRESENTAR LA TERNA A FISCAL GENERAL
El presidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez Aranguren, manifestó que después de nueve horas de discusión se redactó completamente la ponencia en la que se declara nula la elección por parte de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de Viviane Morales Hoyos como Fiscal General de la Nación.
En el escrito en el que se deja en firme la decisión tomda hace ocho días, el alto tribunal precisó que la Corte Suprema de Justicia no podía modificar el reglamento interno para hacer este tipo de elecciones, precisando el hecho sobre la falta de 5 magistrados de la Sala Plena para hacer la votación.
Como se ha manifestado en los últimos días, el Consejo de Estado prefirió abstenerse de hacer alguna referencia respecto al periodo de tiempo que permanecerá el nuevo fiscal en propiedad en el cargo, puesto que este tema no estaba estipulado en la demanda que se presentó y no hace parte de las competencias del contencioso administrativo.
"No había lugar para analizar ese punto (el periodo del Fiscal), pues el cargo por el que fue decretada la nulidad fue por violación a las normas que regulan las mayorías en el acto de elección de ese funcionario", dijo el presidente del alto tribunal, el magistrado Gustavo Gómez.
Así las cosas, el presidente Santos ya puede presentar una terna para de allí elegir al nuevo jefe del ente acusador.
En este debate que se ha presentado entre los dos tribunales, el magistrado Gómez Aranguren precisó que debe ser la sala de consulta del Consejo de Estado la que de una salida a este trascendental tema.
“Aunque los conceptos de la sala de consultas no son vinculantes y no obligan, sí esclarecen en buena medida las dudas que se presentan en la interpretación de las dudas jurídicas”, explicó el presidente del alto tribunal, sin precisar cuánto tiempo podría tardar en definitiva la trascendental consulta.
Igualmente explicó que debido a que la fiscal Morales presentó renuncia a su cargo, el presidente está habilitado desde ahora mismo para presentar la nueva terna ante la Corte Suprema de Justicia para que esta defina quien será la persona encargada de ocupar la cabeza del ente investigador.
CMI
NIEGAN TUTELA A MAGISTRADOS DE LA CORTE SUPREMA
El Consejo seccional de la Judicatura de Bogotá negó la tutela presentada por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Maria del Rosario González, Augusto Ibáñez e Iván Velásquez, en contra de la Sala Penal Ad-hoc de ese Tribunal.
Los accionantes interpusieron el recurso alegando violación a sus derechos, puesto que siete conjueces y dos magistrados titulares que tienen a su cargo el juicio por las chuzadas, decidieron que solo dos abogados representarían los intereses de las once víctimas en este caso.
Según los magistrados que interpusieron la tutela, la Sala Penal Ad-hoc les impidió el ejercicio de sus derechos como la presentación de solicitudes de nulidad, incompetencias, recusaciones u objeciones al escrito de acusación al designar por sorteo a los dos representantes de las víctimas.
“El Consejo Seccional de la Judicatura estudió el caso y encontró que la Sala Penal no restringió sus posibilidades procésales al limitar su intervención en el juicio a través de dos abogados.
“Fue el legislador en su ejercicio de facultad de configuración el que determinó que esa limitante comportaba el respeto por el principio adversarial del sistema penal que nos rige”, indica el fallo.
El Alto Tribunal también agrega que tampoco hubo violación de derechos por haber designado los dos representantes mediante sorteo, pues la sala penal Ad-hoc siempre estuvo dispuesta a que la decisión fuera consensuada. Sin embargo, ante la renuncia de las víctimas optó por ese camino.
NO PUEDE HABER SUBASTA CON UN SOLO OFERENTE: CONSEJO DE ESTADO
El Consejo de Estado dio a conocer la sentencia en la que decide tumbar el pliego de condiciones para la adjudicación de un tercer canal privado de televisión.
En el fallo la corporación señala que hubo un desconocimiento absoluto del principio de la libre y leal competencia al autorizar el proceso licitatorio con un solo oferente.
La corporación asegura que el acceso al espectro electromagnético, dada su naturaleza especial de bien inenajenable, debe darse por medios no discriminatorios, brindando una amplía participación a los interesados y permitiendo la competencia entre los agentes del mercado.
“Al permitir un solo oferente lo que se está haciendo es desconocer que la variable de maximización debe estar determinada por el mercado y no por el ingenio creativo de la administración”, dicta la sentencia.
El Alto Tribunal agrega que la pluralidad de oferentes garantiza una competencia en torno a la mejor propuesta para la entidad pública, a través del máximo precio pagado por el mejor postor en la subasta.
SENADORA GILMA JIMÉNEZ INSTAURA ACCIÓN DE TUTELA PARA REFERENDO DE CADENA PERPETUA A VIOLADORES
En el Consejo Superior de la Judicatura, la congresista radicó una acción de tutela a nombre de más de dos millones de personas quienes firmaron el referendo de prisión perpetua y de los miembros del Comité Promotor.
La senadora estaba acompañada del exfiscal Mario Iguaràn, quien apoya la causa. Dentro de 10 días hâbiles, el 22 de marzo, se conocerâ si se aprueba o no la tutela.
LA FAMOSA COMISIÓN DE ACUSACIONES DEL CONGRESO SE ESTÁ INVENTANDO UNA TRAMPITA...
La famosa Comisión de Acusaciones está buscando que los magistrados de la Corte Constitucional se declaren impedidos para estudiar la demanda contra la ley que mantiene un régimen especial de pensiones para parlamentarios. Ese régimen es absolutamente absurdo y desproporcionado.
Esta mañana, unos anónimos y otros no tan anónimos presentaron denuncias contra magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema y del Consejo de Estado. Los acusan de favorecer a auxiliares y a abogados para pensionarlos con altos ingresos, mediante nombramientos por pocos meses o semanas, solamente destinados a mejorar el promedio de los ingresos del favorecido.
No menciono nombres, por respeto a los magistrados, pero aparecen los más prestigiosos magistrados de las Cortes. Repito, ¡los más prestigiosos!
La semana entrante, la comisión sorteará al ponente y los magistrados serán citados. El asunto está en que la Corte Constitucional viene preparando una sentencia sobre las pensiones extravagantemente altas y asombrosas de los parlamentarios. Las denuncias que sospechosamente se han presentado a la famosa Comisión de Acusaciones tienen que ver con la sentencia que prepara la Corte. La Corte estudia la demanda contra la ley que dispone que las mesadas pensionales de los congresistas no podrán ser inferiores al 75 % de lo recibido en el ingreso promedio mensual que, durante el último año y por todo concepto, reciba el congresista.
Todo indica que semejante desvergüenza la van a tumbar, pero no porque sí: porque se caerá la ley demandada, la famosa ley 4.a, que creó ese régimen especial para los parlamentarios. ¡La famosa Comisión de Acusaciones trata de buscar que los magistrados se declaren impedidos con el argumento de que no pueden ser juez y parte...! Pillados... ¡Pillados...!
REVISTA SEMANA
DENUNCIAS POR CARRUSEL DE PENSIONES SON "ESTRATEGIA DE DESPRESTIGIO": C. DE ESTADO
El presidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez, califica de absurdas las informaciones que lo vinculan con irregularidades en nombramientos de funcionarios de la rama
Gustavo Gómez, presidente de esa corporación, califica de "absurdo absoluto" la investigación preliminar de la Comisión de Acusaciones por presunto favorecimiento en pensiones a funcionarios de la rama judicial.
“Es un absurdo absoluto”. Esa fue la primera reacción del presidente del Consejo de Estado, magistrado Gustavo Gómez, al conocer la afirmación del representante Germán Blanco, presidente de la Comisión de Acusaciones, que dijo tener la presunción que el llamado 'carrusel de pensiones' no sería exclusivo del Consejo Superior de la Judiciatura, sino que “se habría presentado en todas las cortes”.
La única persona que el representante Blanco mencionó con nombre propio, y que, según informó, aparece en cuatro denuncias, una de ellas “anónima”, fue precisamente el de Gustavo Gómez, como uno de los magistrados que serán objeto de la investigación preliminar.
Según la denuncia, Gómez habría nombrado a una persona en calidad de magistrado auxiliar en su despacho, por 15 días, y se habría favorecido a la hora de cotizar el salario de su pensión.
Gómez lo rechaza. Invita a que la sociedad compruebe que desde hace cuatro años no ha movido la planta de personal que labora en su despacho.
El presidente del Consejo de Estado dice que esa información nació en un diario de Medellín (mencionó a El Mundo). "Manifestaron que yo había designado a una funcionaria el primero de diciembre del año pasado y que salió pensionada a los 15 días. Eso se propagó. Pero es absurdo y falso".
Pero Gómez advierte que ese tipo de denuncias, y esa investigación de la que no ha sido notificado (se enteró por los medios de comunicación), “hay que entenderla como una estrategia un poco perversa, no sé de qué fuerzas, interesadas en denostar de los funcionarios de la rama judicial a punta de calumnias y mentiras”.
Para el magistrado, el anuncio de esa investigación, pueden ser abusos de la democracia. “esa es la sociedad en la que nos tocó vivir”.
LO QUE CUESTAN LAS MESADAS MÁS ALTAS
Jesús Antonio García y Leonor Serrano, figuran entre quienes reciben las pensiones más altas del país.
SEMANA investigó cómo es que un selecto grupo de exfuncionarios del Estado consiguió pensiones de hasta 30 millones de pesos. Un hueco al erario que no hay cómo tapar.
Uno de los factores que más profundizan la desigualdad son las monumentales pensiones que reciben algunos exfuncionarios del Estado. En Colombia sólo un poco más de mil jubilados reciben más de 25 salarios mínimos, mientras el 75 por ciento de la población en edad de trabajar ni siquiera está en el sistema pensional.
Eso quiere decir que una minoría privilegiada tiene asegurada una gran mesada y, en contraste, una gran parte de la población está en la informalidad y probablemente sufrirá penurias en su vejez.
Las dos terceras partes de los pensionados que todos los meses reciben millonarias mesadas están en el Fondo de Previsión del Congreso (Fonprecon). Aunque los funcionarios de las Fuerzas Militares, el magisterio, la rama judicial y Ecopetrol también gozan de un régimen especial.
A pesar de que la ley eliminó algunas gabelas, hay cerca de 200 personas que reciben más de 25 millones de pesos (más de 40 salarios mínimos) por concepto de pensión. Según las cuentas del actual Secretario de Hacienda del distrito, Ricardo Bonilla, quien acaba de publicar la investigación "Pensiones: El costo de las demandas", esas estrambóticas mesadas son las que deslegitiman el sistema. Lo preocupante es que la hemorragia no para y varias de esas pensiones son heredadas por "sustitutos", lo cual sigue generando cargas administrativas al erario.
En muchos casos la sorprendente liquidación de estas pensiones se debe a errores, interpretaciones de las leyes a favor de los jubilados y ‘viveza’. Al final, a punta de fallos, el erario sufre un desangre silencioso. Sólo el año pasado por concepto de retroactividad en el pago de las pensiones, Fonprecón tuvo que pagar 12.000 millones de pesos. Aunque la Corte Constitucional está revisando el artículo que reglamentó el tope de las pensiones de los congresistas y magistrados, es improbable que los casos que ya son “cosa juzgada” sean revisados.
La mesada más alta
El pensionado que más dinero recibe es el exrepresentante del Huila Jesús Antonio García Cabrera. Su mesada suma 31 millones de pesos, un monto que supera casi en 10 millones el salario de un congresista. García recibe esa pensión porque en 1998, en el momento de jubilarse, por un "error de interpretación" se le permitió incluir como parte del salario base, la liquidación los tiquetes aéreos y los viáticos.
En ese momento un congresista ganaba cerca de dos millones de pesos, pero sumando todos los ingresos, podía recibir más de 12 millones. Así aumentó su pensión de manera desmedida. "Es un derecho adquirido, no hay nada ilegal", dijo García, quien argumentó que la exposición en los medios de comunicación lo ha expuesto a un posible secuestro.
Aunque desde 1991 Fonprecon demandó la liquidación, solo en 2010, en primera instancia, el Tribunal Administrativo del Huila pidió excluir de la liquidación los viáticos y tiquetes aéreos como factores salariales. Las sumas adicionales incluidas en la liquidación, multiplicadas por el número de meses que había sido pagada la pensión hasta ese momento, daba un valor de cerca de 420 millones pesos.
Pero lo más grave es que todavía no hay una sentencia definitiva, lo que quiere decir que García sigue recibiendo su pensión como si no hubiera pasado nada. Y a lo sumo la sección segunda del Consejo de Estado, donde reposa el expediente, podrá ordenar una reliquidación, pero no pedirá devolución de dinero.
Con pensión de congresista
El exsecretario de la Cámara de Representantes Silverio Salcedo Mosquera obtuvo su pensión en 1992 por cerca de 2,5 millones de pesos. La liquidación se hizo con base en la Ley 71 de 1998, que ponía un tope máximo a las pensiones de 15 salarios mínimos vigentes. Eso sí, incluyó como factores para la liquidación la asignación básica; primas técnicas, navideñas, de vacaciones, de antigüedad y de servicios; bonificaciones y quinquenios.
Pero dos años después de que Salcedo se pensionó, entró en vigor la Ley 100 de 1993, que eliminó el tope de salarios para los pensionados. El fondo reliquidó la pensión y como no había tope, esta subió a más de 3,6 millones de pesos.
Pero el régimen que cobijaba a Salcedo, a diferencia del que tienen los recién pensionados, utiliza como base para el incremento anual el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que en la década de los 90 alcanzó picos del 22 por ciento. Es decir que durante esa década cada año su pensión aumentó hasta una quinta parte. El incremento, más las reliquidaciones permiten que Salcedo se embolsille actualmente una mesada de 28 millones de pesos.
En el 2005, Fonprecon entabló una demanda para reliquidar la pensión y fijar el límite de 15 salarios que era la ley que le aplicaba en el momento de su pensión. En otras palabras, equivaldría a rebajar su pensión a ocho millones. Para el fondo, Salcedo debía rembolsar el valor de las adiciones. Pero a finales del año pasado, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca consideró que era cosa juzgada y falló a favor de Salcedo. El fondo apeló la decisión y el caso pasó este año al Consejo de Estado.
Del ISS a Fonprecon
Un caso emblemático de cómo algunos fallos agrandan las pensiones exageradas es el de Leonor Serrano de Camargo, exgobernadora de Cundinamarca, excongresista y empresaria. Serrano fue senadora de la República desde el 20 de julio del 2002 hasta el 30 de abril del 2005. Pero desde 1998 el Instituto de Seguro Social (ISS) ya le había reconocido su pensión de vejez donde figuraba como trabajadora del sector privado. La cuantía de su pensión estaba cerca de tres millones de pesos. Pero de su salario de congresista le hicieron las respectivas deducciones por concepto de pensión.
Cuando se retiró del Congreso, Serrano solicitó la reliquidación de su pensión ante Fonprecon, pero este se la negó con el argumento de que ella no era beneficiaria del régimen de transición para los congresistas. La excongresista pidió una reposición y en primera instancia el Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló en su contra. El juez adujo que ella debía haber sido congresista por lo menos tres años y ella sólo había estado dos años y tres meses en el cargo. En consecuencia, el fondo expidió una resolución de pensión de Serrano sin la inclusión de los beneficios de que gozan los congresistas.
Serrano apeló la sentencia, que llegó a segunda instancia en la Sección Segunda del Consejo de Estado, quien al final le dio la razón. Finalmente, en el 2010, el alto tribunal ordenó no sólo la reliquidación de la pensión con base en el 75 por ciento de los ingresos de la congresista en el último año que cotizó, sino el pago de una retroactividad. Lo increíble es que la retroactividad incluyó el pago del faltante de una pensión de los años en los que ella cotizó pero que no era congresista. Ese pago retroactivo le costó a la Nación 896 millones de pesos y su mesada hoy vale 17 millones de pesos. SEMANA intentó comunicarse con la excongresista para que contara su versión de los hechos, pero no atendió las llamadas.
El Consejo de Estado argumentó que aunque Serrano no era congresista en el momento en que obtuvo el derecho a la pensión de vejez, sí la cobija el régimen especial de transición por haber permanecido un año cotizando, que en su criterio, es el requisito mínimo.
CARACOL RADIO
CHOQUE ENTRE PROCURADURÍA Y LA CORTE CONSTITUCIONAL POR FALLO DE ABORTO
El procurador general, Alejandro Ordóñez Maldonado, se declaró preocupado con la determinación de la Corte Constitucional que limitó al jefe del Ministerio Público para pedir investigar a las personas que aparecen en los fallos de tutela relacionados con el tema del aborto.
“Con suma preocupación, el jefe del Ministerio Público advierte que en el citado auto, además de negar la nulidad, la Corte Constitucional pretendió limitar las competencias constitucionales y legales del procurador general de la Nación, y particularmente desconocer lo dispuesto en el artículo 284 de la Constitución donde expresamente se dispone que.
“Salvo las excepciones previstas en la Constitución y la ley, el Procurador General y el Defensor del Pueblo podrán requerir de las autoridades las informaciones necesarias para el ejercicio”, manifestó.
Con igual preocupación, el procurador advirtió que la Corte Constitucional envió copias a la Fiscalía con el propósito de injerir en la investigación penal que actualmente se adelanta contra la mujer, quien sin cumplir con ninguna de las causales establecidas en las tres causales Sentencia C-355 de 2006 (como lo confirmó el Hospital Departamental de Villavicencio y en su momento lo verificó el Ministerio Público), y sin que se le hubiese concedido la acción de tutela, se practicó un aborto en un establecimiento clandestino.
En ejercicio de sus competencias constitucionales, la Procuraduría General de la Nación intervendrá en los procesos disciplinarios y éticos disciplinarios que se adelanten contra los funcionarios judiciales y la profesional de la salud correspondiente, cuyo derecho al debido proceso se ha visto gravemente afectado en defensa de éste y de todos sus derechos fundamentales, así como del ordenamiento jurídico.
En idéntica forma, el Ministerio Público continuará ejerciendo sus funciones preventivas, de intervención y disciplinarias, en búsqueda del interés general, los intereses colectivos y la garantía de los derechos fundamentales de todos los seres humanos.